Política fiscal
El tributo tenue y la república
Un impuesto progresivo sobre la riqueza, con una escala que arranque en 0,1% para patrimonios superiores a US$10 millones y llegue a 1% para los que superen los US$100 millones, no aboliría la desigualdad ni resolvería por sí solo el déficit público. Haría algo más sobrio y más útil: trasladar una parte del esfuerzo fiscal hacia la cúspide del patrimonio y abrir margen real para salud, educación y seguridad social.
Una escala moderada, no un castigo
Hay impuestos que se anuncian como si fueran una batalla y otros que prefieren la modestia de las herramientas. El que aquí se considera pertenece a la segunda especie. No es una guillotina. Es una llave inglesa. Su interés no reside en el dramatismo, sino en la precisión. La escala es progresiva y moderada: 0,1% para patrimonios superiores a US$10 millones, 0,25% por encima de US$25 millones, 0,5% por encima de US$50 millones, 0,75% por encima de US$75 millones y 1% para los tramos superiores a US$100 millones.
Esa arquitectura tiene una ventaja política y otra económica. La primera es obvia: concentra la carga en una franja extremadamente reducida de la sociedad. La segunda es menos visible, pero acaso más importante: no recae sobre el consumo cotidiano ni sobre los ingresos del trabajo, sino sobre una forma acumulada del poder económico. En otras palabras, desplaza una parte del peso fiscal desde la vida ordinaria hacia la gran riqueza.
Uruguay conoce una versión tenue y poco ambiciosa del impuesto patrimonial sobre personas físicas. En la práctica, se ha parecido más a un gravamen parcial sobre inmuebles que a una verdadera herramienta de progresividad sobre grandes fortunas. La novedad, en este caso, no sería inventar un principio desconocido, sino tomarse en serio uno que el sistema tributario apenas insinúa.
Cuánto podría recaudar
No existe una simulación pública exacta para esta escala. Sí existen trabajos que permiten aproximarse con prudencia. Sobre la base de estudios de distribución patrimonial en Uruguay y de ejercicios previos sobre impuestos a la riqueza, una estimación conservadora ubica la recaudación anual en una franja de entre US$160 y US$220 millones, con un punto medio razonable en torno a US$180 millones.
Traducida a pesos uruguayos a valores de abril de 2026, esa banda equivale aproximadamente a $6.300 a $8.700 millones por año. No es una cifra milagrosa. No cambiaría por sí sola la estructura productiva ni convertiría al Estado en una máquina impecable. Pero tampoco es un símbolo vacío. Está en esa zona rara donde una política deja de ser retórica y empieza a volverse operativa.
Ese rasgo merece subrayarse. En el debate público uruguayo, las propuestas fiscales suelen oscilar entre la grandilocuencia y la resignación. O se las vende como redención total o se las archiva como gesto testimonial. Un impuesto como éste no pertenece a ninguna de las dos categorías. Su sentido es más austero y, por eso mismo, más serio.
Lo que podría mover en salud, educación y BPS
En salud, el efecto sería visible. ASSE ha señalado prioridades concretas para el período 2025-2029: salud mental, primera infancia, profesionalización de enfermería, fortalecimiento del primer nivel de atención, radicación médica, infraestructura y tecnología. Sólo la partida solicitada para salud mental ronda los $170 millones. Aun tomando el piso de la recaudación estimada, esa cifra podría cubrirse decenas de veces. La diferencia no sería apenas contable. Sería institucional. Lo que hoy aparece como programa vulnerable a los recortes podría empezar a pensarse como política estable.
En educación, la ANEP ha planteado un incremento de más de US$600 millones al final del quinquenio para financiar tiempo extendido, universalización de la educación de 3 años, más alimentación en educación media, becas y fortalecimiento de la formación docente. La recaudación estimada del nuevo impuesto cubriría aproximadamente entre una cuarta parte y algo más de un tercio de ese esfuerzo. No bastaría para todo. Bastaría, sin embargo, para que la discusión dejara de girar exclusivamente en torno a la escasez.
En BPS, la relación de magnitudes también es elocuente. Frente a un déficit anual relevante, la nueva recaudación podría cubrir aproximadamente entre la mitad y dos tercios de ese rojo. Nadie sensato sostendría que ese impuesto resuelve por sí solo el problema previsional. Pero sí modifica el margen de maniobra. Y en política fiscal, como en ajedrez, a veces una sola casilla cambia la partida.
Lo contable y lo político
El argumento decisivo, de todos modos, no es únicamente numérico. Toda sociedad revela su teología íntima por aquello que se atreve a gravar y por aquello que declara sagrado. La uruguaya grava con disciplina el movimiento ordinario de la vida y trata la gran riqueza con una cortesía que a veces roza la superstición. Como si ciertos patrimonios no fueran una construcción histórica y jurídica, sino un fenómeno natural, algo parecido al clima o a las mareas.
Un impuesto progresivo de estas características no confisca fortunas ni funda un paraíso igualitario. Hace algo más sobrio, y tal vez más republicano: recuerda que incluso la riqueza más alta existe dentro de una comunidad política que la hace posible, la protege y la organiza. Su virtud no es la venganza. Es la proporción.
Por eso el valor de esta herramienta no se agota en los millones que recauda. También deja una lección cívica. La prosperidad privada no constituye un universo aparte. Es una habitación, a veces demasiado vasta, dentro de la casa común. Y una república digna de ese nombre no debería olvidar, por pereza o por reverencia, que toda habitación está hecha, finalmente, de la misma arquitectura.